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A.I. dice crímenes de guerra se mantienen impunes en El Salvador

EFE
Jueves 23, mayo 2013 | 12:00 am
La masacre en El Mozote, Morazán, tuvo lugar en 1981. /DEM

La masacre en El Mozote, Morazán, tuvo lugar en 1981. /DEM

La impunidad persiste sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992), denuncia Amnistía Internacional (AI) en su informe anual publicado ayer en Londres.

AI muestra su preocupación un año más por esta situación y se refiere a las matanzas de campesinos perpetradas por el ejército en 1981 en El Mozote y comunidades vecinas del departamento de Mozarán, donde señala que fueron asesinadas más de 700 personas, y en 1982 en El Calabozo, en el departamento de San Vicente, donde hubo 200 muertos.

El texto de Amnistía Internacional recuerda que una sentencia de diciembre pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pedía al Estado salvadoreño que “garantizase que la Ley de Amnistía de 1993 no constituía un obstáculo para el procesamiento de criminales de guerra”.

Al mismo tiempo demandaba “que continuase recopilando el listado de víctimas, que llevase a cabo exhumaciones y que garantizase reparaciones a los familiares”, dice AI.

Las acusaciones a miembros del Congreso salvadoreño de intentar interferir en la selección y el nombramiento de jueces también son recogidas en el texto de Amnistía Internacional, que denuncia el incumplimiento de la recomendación de la ONU de revisar el procedimiento de designación.

El informe de AI cita también el caso contra el exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, quien fue acusado de fraude migratorio en su declaración al entrar en Estados Unidos.

Según AI, si el exmilitar es declarado culpable “se allanaría el camino para su extradición a España”, donde es requerido por la masacre ocurrida en 1989 contra seis jesuitas españoles y dos mujeres salvadoreñas que trabajaban con ellos en las instalaciones de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador.

El informe también  se refiere a las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos al denunciar el caso de una mujer de 27 años que fue condenada a dos años de prisión por someterse a un aborto clandestino inducido por medicamentos cuando estaba embarazada de ocho semanas.

En las últimas semanas Amnistía Internacional también se ha pronunciado a favor de la solicitud de Beatriz, una salvadoreña de 22 años que padece lupus y está embarazada de un feto con anencefalia (sin cerebro).

Beatriz ha pedido a la Corte Suprema de Justicia le permita salvar su vida mediante la interrupción del embarazo.

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