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Condenado sin ser oído ni vencido en juicio

Mauricio E. Colorado Abogado
Domingo 16, septiembre 2012 | 6:31 pm

Voy a referirme al caso del diputado Rodrigo Samayoa, mi compañero de colegio y amigo personal, quien padece de un cáncer de garganta y se encuentra en tratamiento –luchando por su vida– en los Estados Unidos. No deseo hacer una defensa de los actos que se le atribuyen, porque los desconozco.

Solamente me he enterado de las versiones que han circulado por los medios de comunicación y de la versión personal que me ha dado –como amigo, no como abogado– de los hechos ocurridos en aquella lamentable ocasión. Sin embargo, debo dejar claramente establecido, que la única verdad jurídica que tendrá valor para establecer lo sucedido es la que establezca la Cámara de Segunda  Instancia de la materia Penal, que es la que conocerá del caso, y después –y solamente después de que esa Cámara emita su sentencia y no se interpongan mas recursos– se podría hablar y establecer cuál ha sido la verdad de lo acontecido.

Reconozco que agredir a una mujer, –igual que agredir a hombres, a menores y a ancianos– no son cosas laudables y que las condeno  por censurables. Sin embargo, los hechos deben de conocerse en toda su plenitud, para poder aplicar criterios de agravación, atenuación, justificación, y otros que modifican la conducta del ser humano, y consiguientemente las sanciones que se pueden acreditar. A este momento y en el presente caso, la sociedad salvadoreña, por lo menos en una gran parte, ha caído en el vicio del prejuicio, agravado por el gran desprestigio que acumulan muchos funcionarios públicos, quienes, engrandecidos por las funciones que desempeñan, cometen abusos de autoridad y actos de soberbia inexcusables, que hacen caer a la sociedad en apreciaciones  de generalidad, tan pernicioso para la justicia.

Es como cuando un sacerdote comete una grave falta contra un infante y por ello se  asegura  que todos los sacerdotes son inmorales y delincuentes. Tampoco podríamos calificar a todas las mujeres que ostentan cargos públicos por conducta “licenciosa” solamente porque  unas cuantas sean cuestionadas en sus aspectos morales de sus conductas privadas.

De hecho, en lo personal soy de la opinión de que muchas féminas que han expresado su opinión en el caso específico de mi amigo Samayoa, lo que expresan es el deseo de castigar a alguien por los actos que han recibido de otra persona cometidos en contra de ellas.

Nadie puede ni debería ser condenado por los hechos de otra persona. En cuanto a lo que estipulan las leyes, déjenme transcribirles algunos artículos de lo que estipulan nuestras leyes sobre esta materia.

De la Constitución. Artículo 12. Toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías para su defensa.  Artículo 14. Corresponde UNICAMENTE al Órgano judicial la facultad de imponer penas.  Artículo 130. Los diputados  cesarán en su cargo en los casos siguientes: 1. Cuando en sentencia definitiva, fueren condenados por delitos graves. De la lectura anterior, deducimos  de que el diputado Samayoa sufre una persecución irracional debido a diferentes causas, agravadas por circunstancias políticas que han exacerbado los sentimientos. Completamente de acuerdo en que la esposa tiene absoluto derecho a que se le haga justicia en su reclamo. Completamente en desacuerdo que una persona cargue con la culpa de todos los agresores contra otras mujeres. Especialmente si las circunstancias se vinculan con elementos de la política nacional.

De acuerdo con que ARENA esté en pugna con GANA porque este partido se formó de gente  separada de aquel partido. En total desacuerdo con que ese pleito se haya alargado y ponga en riesgo el futuro de El Salvador.

Razonando con madurez, lo sucedido en el matrimonio Samayoa no me obliga a desconocer mi amistad personales con el diputado.

Ni me afecta mi ideología respecto a las luchas por el destino del país, ni me acerca o me separa de mis amigos u adversarios ideólogos políticos. El caso Samayoa no debe ser un clavo más en el ataúd de la democracia salvadoreña.

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