De tal suerte que así como vamos llegaremos a un tiempo no muy lejano en convertirnos en un país fantasma, desahuciado, no sujeto de crédito, sin credibilidad internacional para inversión, como tampoco inspiraremos confianza para recibir donaciones. Evidentemente lo que ha llevado a El Salvador al colapso, han sido los desaciertos administrativos que se han ejecutado desde la presidencia, el legislativo y el órgano judicial, sin tomar en cuenta el ingreso ni el egreso.
Por ejemplo, nuestro país no está apto para continuar dando subsidios de ningún tipo y, por lo tanto, lo más sabio es eliminar o focalizar el subsidio al gas, al transporte, a la energía eléctrica, útiles escolares, el vaso de leche, entre otros. Claro que el tomar una medida impopular de eliminación de subsidios terminaría por afectar el caudal de votos del FMLN en las siguientes elecciones; por esa razón veo improbable que encaminen al país por el rumbo correcto.
Históricamente, los partidos políticos han velado solo por sus intereses y manejan al país con base a la agenda partidaria, es decir, lo que más convenga a su ideología, tal como lo hizo ARENA cuando gobernaba. Dicho de otra manera, en la gestión presidencial del 2009 a mayo de 2014, el Estado contrató alrededor de 26,000 empleados públicos, a junio 2014 existían 158,606 de éstos, pero para el año 2015 la planilla se incrementó a 162,988, aumentando el gasto en remuneraciones a $70.7 millones, según el BCR. Así mismo, el gasto en consumo de bienes y servicios públicos, para el año 2014, fue de $3,291 millones, mientras que en 2015 fue de $3,385 millones. O sea, que el Gobierno gastó $94.5 millones más en el último año. Aunque los ingresos tributarios aumentaron en $147.4 millones en el periodo 2014-2015, aun así la inversión del Gobierno fue baja en comparación a otros años. En 2015 la inversión total del Gobierno representó el 2.52 % del PIB, la segunda cifra más baja de los últimos siete años, según el BCR; del mismo modo, el nivel de endeudamiento del país no ha parado de aumentar y, año tras año, a julio 2016 la deuda pública alcanza la cifra catastrófica de $17,175.38 millones. Lo anterior significa un aumento anual de 6.72 % de la deuda pública, que representa un 70 % del PIB, y es sumamente grave en una economía dependiente de las remesas familiares y que su crecimiento es pírrico año con año.
En suma, nuestro país ha caído en falta de liquidez, o sea, que el activo circulante de El Salvador no es suficiente para cumplir con las obligaciones a corto plazo; es decir, que la tesorería y sus activos no puedan transformarse de forma fácil en dinero líquido y, por lo tanto, no se tienen los fondos suficientes para pagar las deudas pendientes en un horizonte menor de un año. De ahí la urgencia de confiscar el dinero de las pensiones por medio de la reforma que está proponiendo el FMLN.
Esto nos lleva al camino de la insolvencia, lo que significa que El Salvador no tiene los recursos económicos para pagar sus obligaciones a futuro. Dicho de otra manera, cuanta más capacidad de pago tenga, mayor será su solvencia, o sea, que un gobierno no es solvente desde un punto de vista contable cuando su patrimonio neto es negativo (déficit fiscal) o cuando el valor de sus pasivos supera el valor de sus activos.
De manera que se ha caído como país, en un bache muy grande, que requiere de medidas urgentes y creativas para salir del déficit fiscal, por lo que sería útil comenzar un plan de ahorro en cada una de las dependencias de Estado, parar los despilfarros, detener las contrataciones, crear una política de responsabilidad fiscal, combatir de forma verdadera la evasión, elusión y el contrabando. Pero nada de ello será posible mientras existan empleados y funcionarios públicos queriendo vivir como reyes.