La CSJ desvincula Juzgado en manipulación de procesos

Un examen especial de gestión realizado en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador no encontró ningún vínculo con la manipulación de procesos penales en la Secretaría Distribuidora de Procesos. Sin embargo, una auditoría del año pasado, en la Secretaría Distribuidora de Procesos, reveló que en esa oficina el sistema para distribuir los casos sí fue manipulado, por lo que la Fiscalía indaga estas irregularidades.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desvincula al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador de las irregularidades detectadas en la Secretaría Distribuidora de Procesos donde se manipuló el sistema para enviar casos de crimen organizado a ese juzgado.

Una auditoría realizada en la Secretaría Distribuidora de Procesos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revela que la red especial creada por la Unidad de Sistemas Administrativos para asignar las causas penales a los seis tribunales de sentencia de San Salvador es deficiente y que ha permitido alterar el sistema informático implementado desde enero del año 2000.

Este examen especial de sistemas fue ordenado por Corte Plena luego que Diario El Mundo denunciara el 22 de septiembre del 2010 la supuesta manipulación de ese sistema especial para asignar casos  relacionados con el crimen organizado al Tribunal Sexto de Sentencia, donde los resultado de las vistas públicas fueron favorable para los imputados.

Rolando Corcio Campos, presidente del tribunal, explicó que se ha realizado una auditoría especial de gestión y una de sistemas.

“No se logró determinar que el tribunal tuviera algún tipo de injerencia en la manipulación de las designaciones en la Oficina Distribuidora de Procesos”, indicó.

Para el funcionario, este tipo de auditorías nunca le generaron incomodidad a su tribunal ya que ante los señalamientos que se hicieron se hacía necesario este tipo de exámenes.

“Me parece que es sano que ante la existencia de señalamientos se hagan las averiguaciones apropiadas para determinar algún tipo de responsabilidad si existe”, agregó Corcio Campos.

 

Investigación abierta

Respecto a la Oficina Distribuidora de Procesos, la Fiscalía General mantiene abierta la investigación contra esa oficina por la supuesta manipulación que se hizo para asignar casos de crimen organizado, violando las reglas de seguridad del sistema informático que en el año 2000 diseñó el Departamento de Sistemas Administrativos del Órgano Judicial.

El caso fue abierto tras una investigación que Diario El Mundo comenzó a publicar el 22 de septiembre de 2010.

La Fiscalía busca individualizar a las personas que han tenido acceso a dicho sistema durante su existencia, sobre todo, verificar por medio del sistema de bitácoras quiénes de los usuarios que tienen acceso a esa red han asignado expediente a los tribunales de sentencia de San Salvador.

La representación fiscal inició la investigación luego que este matutino publicara información basada en varios memorandos que el jefe de la Oficina Distribuidora de Procesos, Gustavo Contreras, envió al entonces gerente general de Asuntos Jurídicos de la Corte, José  Mauricio Rodríguez Flores, revelándole que la supuesta responsable de asignar los procesos de forma “antojadiza” al Tribunal Sexto de Sentencia sería Evelyn Maritza Coto de Granados.

La Gerencia General de Asuntos Jurídicos de la CSJ conoció de estas irregularidades en el 2008.

En un informe del 23 de mayo de ese año, se denunció que Coto de Granados continuaba asignando procesos a los tribunales de sentencia sin consentimiento de la jefatura de esa oficina.

En ese oficio se mencionó que el último caso que a esa fecha se asignó vía telefónica al Tribunal Sexto de Sentencia fue el proceso número 103-3-2007, instruido en el Juzgado 6o. de Instrucción contra Karla María Canjura, por el delito de estafa agravada en Francisco Arturo Samayoa.

Esa asignación no se hizo ni a través de un escrito sino mediante una llamada telefónica al mencionado tribunal. Al descubrir esa anormalidad, el jefe de la mencionada oficina reasignó el caso a otro juzgado.

Otros documentos revelan que esas anomalías habrían iniciado en el 2004, con el caso de Raúl García Prieto, acusado de cohecho propio y defraudación a la economía pública.

El oficio que llegó a la Gerencia General de Asuntos Jurídicos detalla que Coto de Granados asignó esa causa al Tribunal Sexto de Sentencia sin conocimiento de la jefatura de la Secretaría Distribuidora de Procesos.

Más sospechoso resultó el hecho de que la copia con sello de recibido del informe enviado a la CSJ el 23 de mayo de 2008 haya sido sustraído del lugar donde estaba guardado y que también fuera borrada de la memoria de la computadora.

 

casos complejos Se determinó que casos complejos, relacionados con lavado de dinero y narcotráfico, fueron asignados al Tribunal Sexto de Sentencia de forma amañada. La Fiscalía sospechaba sobre las irregularidades.

 

1. García Prieto

5/4/2004

Por defraudación a la economía pública y cohecho propio fue enjuiciado el expresidente del Banco de Fomento Agropecuario, Raúl García Prieto. El proceso llegó al Sexto de Sentencia por una supuesta asignación especial que hizo Coto de Granados.

 

2. Pandilleros con cohete low

4/9/2008

Cinco integrantes de la MS fueron capturados con un cohete antitanque Low, tres fusiles y una subametralladora Uzi. Su caso llegó al Sexto de Sentencia y fueron exonerados el año pasado.

 

3. Canossa Carbonell

27/08/2009

Luca Giancarlo Canossa Carbonell fue exonerado por el homicidio simple del técnico odontólogo Marcos Galdámez Chacón. La Fiscalía lo acusó por homicidio agravado, pero los jueces del Tribunal Sexto de Sentencia sorprendentemente le cambiaron la calificación del delito.

 

4. Domingo Saravia

30/09/2009

El comerciante migueleño Domingo Saravia fue absuelto por el delito de lavado de dinero. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía lo acusó de blanquear unos $13 millones.

 

5 Molina Manzanares

27-09/2010

El Tribunal Sexto de Sentencia informó a la Fiscalía que había sido designado para realizar la vista pública contra Óscar René Molina Manzanares procesado por lavado de dinero, pero los fiscales decidieron recusar a los jueces. Los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador acordaron que para garantizar la transparencia del proceso y evitar que se ponga en duda la imparcialidad de los jueces Rolando Corcio Campos, Rosa Irma Vigil de Estrada y Virginia Lorena Paredes de Dueñas, lo más indicado era apartarlos del caso.

 

Fases de la investigación periodística

 

22/09/2010

Diario El Mundo denunció la supuesta manipulación que se había dado en la Oficina de Distribución de Procesos y se mencionaron al menos cinco casos de crimen organizado que fueron enviados a un mismo tribunal con resultado favorable para los imputados.

 

22/09/2010

La Fiscalía General pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) auditar los juicios que el Tribunal Sexto de Sentencia realizó luego de recibir las supuestas asignaciones manipuladas desde la Secretaría Distribuidora de Procesos.

 

23/09/2010

La Fiscalía General ofreció criterio de oportunidad a Evelyn Maritza Coto de Granados. Los fiscales dejaron entrever que ella manipulaba y alteraba el sistema informático. Sospecharon que no habría estado sola en las irregularidades.

 

24/09/2010

La Fiscalía allanó la Oficina Distribuidora de Procesos para verificar el tipo de anomalías denunciadas por el jefe de esa oficina, Gustavo Contreras. Las diligencias eran para llegar hasta las personas responsables de las irregularidades.

 

27/09/2010

Los jueces del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador fueron separados del caso de lavado de dinero que la Fiscalía promovía  contra el empresario de la zona oriental, Óscar René Molina Manzanares.

 

28/09/2010

En corte plena, 13 de 15 magistrados acordaron auditar al Tribunal Sexto de Sentencia, tras una investigación en la que se puso al descubierto la supuesta alteración del sistema de asignación de procesos penales enviados a juicio.

 

Auditoría en Oficina Distribuidora confirma manipulación de procesos

Una auditoría realizada el año pasado en la Secretaría Distribuidoras de Procesos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la manipulación en la distribución de procesos penales.

Estos fueron algunos de los hallazgos que fueron tomados en cuenta para hacer cambios en la jefatura de esa oficina.

En el examen realizado se observan, al menos, tres casos de crimen organizado que fueron enviados al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador y que la encargada de asignarlos fue Evelyn Maritza Coto de Granados.

Para la Fiscalía, ella es la principal sospechosa de haber manipulado el sistema, dejando de un lado la automatización aleatoria.

Estos procesos que Coto de Granados asignó son: el de Luca Giancarlo Canossa Carbonell, absuelto por homicidio; Domingo Saravia, exonerado por lavado de dinero, y el proceso de Julio Eduardo Villatoro Monteagudo. En este último caso la Fiscalía recusó a los jueces y el proceso pasó al Tribunal Quinto de Sentencia, donde fue condenado.

A raíz de las deficiencias en el procedimiento adoptado para el procesamiento de datos, los auditores señalan la pasividad del jefe de la Oficina Distribuidora de Procesos en cuanto a la implementación de políticas y procedimientos para la administración del sistema informático.

Señalaron, además, la falta de implementación de medidas de control y procedimientos para el procesamiento de datos, lo cual permitió que el sistema fuera manipulado con facilidad.

La Fiscalía también ha indagado sobre este caso.

 

Corte deja sin efecto proceso contra juez Corcio Campos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto el procedimiento para imposición de multa contra el juez presidente del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, Rolando Corcio Campos, quien el año pasado se negó a presentar la declaración jurada de patrimonio.

“Yo me siento conforme con la decisión que se ha tomado por parte de la presidencia de la Corte en el sentido de suspender este procedimiento”, sostuvo el juez.

El funcionario, desde el momento en que se le solicitó la declaración, dijo que la decisión de no presentarla en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, no se debía a que quisiera ocultar algo como consecuencia de la investigación de la supuesta manipulación de los procesos penales en la Oficina Distribuidora de Procesos.

Sostuvo que fue una decisión personal basada en que el jefe de Probidad le pidió presentarla sin que hubiese un documento oficial en el que se confirmara que Corte Plena lo había solicitado.

La resolución de la Corte se le notificó el pasado 7 de  febrero, en donde se le informa a Corcio que se deja sin efecto el proceso en su contra y le dan razón en el sentido que para haberle solicitado la declaración jurada tenía que existir un acuerdo de Corte Plena.