La garduña del botín electoral
Desde el punto de vista ético, conforme los Acuerdos de Paz y la norma constitucional integrada, la renovación de la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia cada tres años le corresponde a la nueva Asamblea
El país se debate con la inseguridad ciudadana, el alza y baja de los homicidios y extorsiones, la develación de información sobre presuntos acuerdos entre autoridades de la seguridad pública y los líderes de maras, las declaraciones confusas y contradictorias de dichas autoridades queriendo explicar el traslado de los principales líderes de las maras de la cárcel de más alta seguridad a cárceles más flexibles aduciendo el peligro de fuga de la primera que conlleva mayor seguridad, o de problemas de salud de dichos jefes de maras que llevan en su haber asesinatos en serie y que aparentan estar mucho más saludables hasta luciendo calzado y ropa de marca; la participación de un respetado prelado católico que por su vocación de líder espiritual se ha volcado a tratar de disminuir las luchas entre pandillas y la criminalidad con la quimera de hacer algo a no hacer nada o esperar que la situación llegue a los niveles de la guerra que se libra en México con casi 50 mil muertes y que nosotros no estamos muy lejos de emular. Situación a la que también podríamos llegar si se toman decisiones desconociendo el Estado de Derecho y debilitando las instituciones sin fortalecerlas, casi en un Estado fallido. Lo sucedido es inédito, aunque se presta a la gran duda e incredulidad por esas manifestaciones de criminales de cuño declarando su arrepentimiento y solicitando perdón a la sociedad, discursos en medio de aplausos de sus seguidores pero que hacen restañar heridas al recordar las decenas de crímenes cometidos, asesinatos acompañados de actos de la mayor crueldad y barbaridad despedazando los cadáveres, dejando cabezas y cuerpos separados en diferentes lugares, violaciones con todo lujo de crueldad y saña concluyendo en asesinatos, cementerios clandestinos y los testigos y familias víctimas acosadas por los mismos asesinos. Agregando al desconcierto la ausencia total del Presidente de la República en un problema de tanta transcendencia, pese a su aparición del miércoles de esta semana con negativas sin contenido.
La gran incógnita es si esas manifestaciones de arrepentimiento y ofrecimiento de parar la violencia son verdaderas o no. Somos incrédulos, pero si fueren verdaderas habría que tomar el reto con plan definido y emprender un camino tortuoso en aras de conseguir la paz y armonía social. Y si no son ciertas podrían ser una manera de reagruparse y convertirse en grupos de presión condicionantes y amenazantes para exigir cada día más y más hasta llegar a situaciones que vuelvan imposible la convivencia normal en nuestro país y habría que enfrentarlas como Estado de Derecho fuerte. Ese sería el punto neurálgico para adoptar una decisión nacional, previo un debate amplio y la exigencia que las autoridades actúen con mayor claridad y franqueza sin declaraciones confusas y contradictorias u ocultándose. Pero como instituto jurídico ya advertimos y recordamos en publicación pasada el pacto nefasto de Fausto y Mefistófeles y estaremos vigilantes para que no se atropellen las instituciones y el Estado de Derecho.
Mientras tanto, en un mundo distinto en este mismo país, el de los políticos, no les interesa nada de lo anterior sino están dedicados a pelear la garduña de la piñata electoral. Los diputados de la actual Asamblea Legislativa antes de marcharse y utilizando las alianzas conforme la composición actual, pretenden ocupar puestos vacantes futuros enfrascados en buscar acuerdos conocidos en la jerga común de negociar su cuota o el “combo” de cargos de elección de segundo grado, disputándose los cargos directivos de la nueva Asamblea Legislativa y sus sueldos, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para alguien proclive a su partido, elección que nos les corresponde y ahora han agregado anticipadamente también la elección del Fiscal General para repartirse esos cargos y sus sueldos dentro de un combo político y a saber qué otras canonjías.
Desde el punto de vista ético, conforme los Acuerdos de Paz y la norma constitucional integrada la renovación de la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia cada tres años le corresponde a la nueva Asamblea Legislativa para estar acorde con las corrientes del pensamiento predominante en cada momento histórico que se va presentando la renovación legislativa y judicial. No como pretenden hacerlo en estos momentos la conformación de los actuales partidos dominantes de la Asamblea Legislativa, repartiéndose cargos en la CSJ y en la Asamblea Legislativa antes que comience la nueva legislatura.
Es probablemente posible que cuando aparezca esta publicación ya esté realizada la elección de la renovación parcial de la CSJ por la actual Asamblea. Sea que se haya llevado a cabo o estuviere pendiente de hacerse la elección en este período, la ciudadanía reclamará ese abuso en próximas elecciones.
