Las elecciones recientes para magistrados de la Corte Suprema

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Llama poderosamente la atención que varios de los candidatos hicieron festejos opíparos aun cuando su condición económica no se los permite; cabe preguntarse de dónde provinieron esos fondos.

Acaban de realizarse las elecciones del gremio de abogados para escoger 15 personas que integrarán la lista de 30 que enviará el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a la Asamblea Legislativa para que ésta elija a los cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Es imperativo proceder a revisar y reformar este procedimiento para seleccionar a quienes ostentarán las más altas judicaturas del país. Nuevamente tuvimos una campaña electoral que dejó mucho que desear.  Hubo candidatos que ofrecieron un sinfín de eventos sociales con el propósito de informar al conglomerado jurídico de las bondades de sus propuestas. Los temas  académicos  como siempre quedaron  al margen y los aspirantes se centraron en cuestiones demagógicas como suprimir el examen de notariado, ofrecer judicaturas a sus invitados y otras innumerables promesas de imposible realización.

Llama poderosamente la atención que varios de los candidatos hicieron festejos opíparos aun cuando su condición económica no se los permite; cabe preguntarse de dónde provinieron esos fondos. Asimismo algunos de ellos son funcionarios públicos y en horas laborales andaban en plena campaña, tal como fue informado por varios medios de prensa. Y otros altos funcionarios judiciales, abusando del tiempo y recursos del Estado, anduvieron en  giras por varios tribunales de la República, quitándoles tiempo forzadamente  a los colaboradores judiciales y regalando revistas y libros de los que publica la Corte Suprema de Justicia; no es correcto que aprovechándose del cargo y utilizando recursos estatales hayan logrado positivos resultados electorales. Se han escuchado versiones sobre componendas entre varios candidatos y sindicalistas del Órgano Judicial a efecto de obtener los votos de la membresía sindical. Todo esto habría que investigarlo para deducir responsabilidades. Ahora no nos referiremos a la “pinta y pega”, pues el tema ya lo abordamos en artículos anteriores.

A continuación nos permitimos hacer algunas sugerencias para disminuir este tipo de prácticas: debería  quedar totalmente prohibido la “pinta y pega” individual en las oficinas estatales. Lo que debe hacerse es que la Fedaes o la entidad que organice las elecciones haga un solo cartel donde se incluyan las fotos de todos los candidatos y lo mande a colocar en los diferentes centros judiciales y/o juzgados de la República u otras oficinas gubernamentales que se estimen convenientes.

Se vuelve imperativo regular los fondos que cada candidato usará en su respectiva campaña; aspectos elementales como su procedencia y su buen uso que deben estar bien normados y exigirse su cumplimiento.

En vez de ofrecer tantos eventos sociales que no podemos prohibir aunque fuera lo ideal, se debe fomentar la cultura del debate; la entidad organizadora debe propiciar encuentros eminentemente jurídico-académicos entre los candidatos propuestos por las diferentes asociaciones. Sería interesante que cada aspirante exponga ante un grupo de colegas sus puntos de vista sobre temas trascendentales como la conveniencia o no de crear un Tribunal Constitucional, la contribución del funcionario judicial con el derecho de la seguridad  jurídica y ciudadana, etc.

Entre otras  recomendaciones, se propone que el día de las elecciones se prohíba hacer cualquier tipo de campaña y que se sancione severamente su transgresión; resulta impropia la presión o súplica  de candidatos y seguidores exigiendo el voto por determinada persona.

Por otra parte, es un secreto a voces que varios partidos políticos tienen sus propias “asociaciones de abogados” para postular a personas de su interés, las cuales sabemos que responderán a sus patrocinadores. Esta práctica nociva debe proscribirse ya  que dichos partidos políticos utilizan todo su andamiaje electoral para estas  elecciones de magistrados. En esta ocasión participaron varios asesores de partidos políticos y se vieron candidatos a magistrados que también lo son para diputados partidarios.  Asimismo se ha especulado mucho sobre una práctica común del pasado y del presente que funcionarios públicos obligan  a sus subalternos a votar por personas de la simpatía del jefe o funcionario.

Estas anomalías señaladas y otras más, nos permiten llegar a considerar que este procedimiento debe revisarse y reformarse si resulta curioso observar que los más favorecidos en esta votación reciente ya no son los abogados en el ejercicio libre de la profesión o los académicos profesores universitarios como en votaciones pasadas sino los que en una u otra forma están íntimamente ligados con el derecho criminal sea como defensores u operadores de justicia.

En próximas  publicaciones nos referiremos a la intervención del CNJ en estas elecciones gremiales y a la gran responsabilidad que les corresponde para que hagan una buena selección de su propia lista sobre la base de capacidad y probidad.