Lo último sobre magistrados y jueces
Los diputados deben tomar conciencia de una vez por todas que si estamos eligiendo a los mismos jueces y abogados que ya no pueden pensar de otra manera a la hora de juzgar con las teorías hipergarantistas, de estiramiento exagerado de la norma constitucional hasta el punto de desfigurarla, seguiremos obteniendo los mismos resultados.
Una de las cosas que le resta bastante legitimidad al proceso electoral de abogados para elegir candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia es que menos del 33% acude a votar y que los candidatos más votados generalmente tienen solo un 28% de aceptación de los abogados que sí votaron y solo un 9% de representación de todo el gremio autorizado o menos.
Es decir, representan realmente muy pero muy poco al gremio, quedando su elección prácticamente en manos del grupito de allegados del candidato.
Teniendo en cuenta que todo el proceso de votación del mismo día de las elecciones tiene fallas severas que permiten el fraude la escasa legitimidad hace de los electos todavía menos legítimos. Así es la democracia.
Un abogado puede votar varias veces. Pueden ir a votar varios grupos a diferentes centros de votación como por ejemplo en la Zona Oriental pueden ir a las cabeceras de San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután en una buena cantidad a ejercer el sufragio y en una sola jornada.
Y San Salvador y Santa Tecla quedan tan cerca que es increíble que no se hayan implementado medidas serias, maduras, tecnológicas para evitar el fraude.
Por otro lado, los diputados deben tomar conciencia de una vez por todas que si estamos eligiendo a los mismos jueces y abogados que están adoctrinados, que ya no pueden pensar de otra manera a la hora de juzgar con las teorías hipergarantistas, de estiramiento exagerado de la norma constitucional hasta el punto de desfigurarla y dejarla como una vil mueca, como en el caso del Juez Quinto de Instrucción, Samuel Lizama, seguiremos obteniendo los mismos resultados y llevando el cáncer al cerebro de toda la organización. Una cosa es autonomía e independencia y otra muy distinta es rebeldía y anarquismo.
Los códigos siguen siendo muy buenos pero siguen teniendo puertas abiertas para que la delincuencia salga, dejando frustrado el esfuerzo y el trabajo investigativo de policías y fiscales, y aunque se han ido cerrando esas puertas aún queda mucho por hacer.
Bajo este marco terrible de leyes, suceden todavía cosas que como ciudadano, más que como abogado, me dejan perplejo.
En un caso particular en un tribunal del oriente del país, contra un imputado se emitió sentencia definitiva condenatoria porque se había comprobado fehacientemente que había evadido impuestos y que además contrabandeaba mercadería. Se interpuso el recurso de casación por la defensa y por lo tanto su situación de privación de libertad todavía no era la de condenado, sino la de un detenido provisionalmente. Como la ley tiene un gran vacío, esos portones por donde sale la delincuencia, su detención provisional es una medida sustitutiva, no prisión formal y por lo tanto puede ser sustituida por otra medida menos gravosa. Un avezado litigante pidió se le sustituyera mediante fianza lo cual fue concedido.
Conforme a la ley, fue correcto, pero conforme al sano razonamiento fue una aberración. ¿Cómo se le puede dar libertad a alguien que ya está condenado por el sistema aunque la ejecución esté en suspenso por un recurso? Cuando la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatorio ¿Creen ustedes que el imputado se presentó a los tribunales para empezar a cumplir la condena de ocho años de prisión? ¡Ja! Claro que no. Tomó meses a la ya de por sí sobrecargada Policía Nacional Civil para recapturarlo, todo porque seguimos con una legislación enferma para una sociedad enferma.
Los jueces de lo penal ya no pueden pensar de otra manera. Sufrieron un adoctrinamiento durante años, aplicaron esas enseñanzas una y otra y otra vez durante más de una década. No podemos pensar que por un milagro empezarán a sentenciar de otra forma. Allí es donde radica el problema de la delincuencia desde el punto de vista de la administración de justicia.
