Peligrosas decisiones de un juez interino

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La conducción primaria, la conducción de mayor jerarquía de la PNC no es del director general, sino del señor Presidente de la República y no vayan a salirnos con el sofisma que  por ser Mauricio Funes el “Comandante General de la Fuerza Armada” él también es militar.

Felicitamos la decisión acertada de diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia por acordar la remoción del Juez Quinto de Instrucción de San Salvador, licenciado Samuel Lizama, quien liberó a tres imputados de delitos y puestosbajo su jurisdicción por la Fiscalía General de la República, porque según su entender y saber  fueron capturados por la Policía Nacional Civil “dirigida por un militar”, deviniendo, dijo, la detención en un acto ”inconstitucional”. Esperamos que el ahora juez de paz de Zaragoza no siga en esa actitud,que pone en evidencia su ignorancia inexcusable en legislación policial, que es ley de la República.

El inciso segundo del artículo 159 de la Constitución señala que  “la seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo  profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista”. Nuestra Carta Magna es bien clara y específica en este asunto, pues habla de la PNC como institución, como un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada. Y aunque ninguna norma constitucional  expresa específicamente que el director de la PNC debe ser un “civil”, para estar acorde a los Acuerdos de Paz y con la finalidad de evitar prejuicios, suspicacias políticas o malos entendidos,  la dirección general de la misma se ha encomendado, desde su fundación, a un elemento de la civilidad. En el caso presente, la dirección general está a cargo de un militar retirado, un salvadoreño que por servicios, estudios, conducta, etcétera, llegó a alcanzar el grado de General, pero que ha dejado de pertenecer a las filas castrenses, sin mando ni cargo alguno en la Fuerza Armada. Simplemente es un reservista, como lo somos miles de salvadoreños. Y por sobre esas consideraciones, ese nombramiento de ninguna forma hace que la PNC se vuelvadependiente de la Fuerza Armada.

Por otra parte, la normativa constitucional tiene su homologación en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la PNC cuando expresa que es una “institución de derecho público, con personalidad jurídica, que dependerá  de la Secretaría de Estado que determine el Reglamento Interno  del Órgano Ejecutivo, pero en todo caso será diferente a la que esté adscrita la Fuerza Armada”.

De igual manera, en el artículo 7 de la mencionada Ley encontramos los requisitos para serDirector General de la PNC: ser salvadoreño por nacimiento, mayor de treinta años de edad, del estado seglar, de moralidad notoria, con título universitario o de oficial de policía a nivel superior, estar en el goce de los derechos ciudadanos y haberlo estado en los diez años anteriores a su nombramiento.

Si mal no recuerdo, en la hoja de vida delciudadano don Francisco Salinas se evidencia que cumple con el 99.99 por ciento de estos requisitos. Asimismo, recomiendo a los colegas abogados y jueces leer e interpretar el artículo 9 de la precitada Ley Orgánica donde se resumen las atribuciones del Director General de la PNC, para que veancuán equivocada era la actuación del removido juzgador Lizama que, como otros jueces, hacen que estemos como estemos en  seguridad jurídica y pública…

Lo que sí queda al descubierto es que el juez interino a pesar de sus razonamientos diz que “valientes y académicos, de verdadero ejercicio de la jurisprudencia”, andaba equivocado de cabo a rabo y eso lo llevó a emitir peligrosas resolucionesal afirmar y creer que la dirección policial debe estar a toda costa en manos “puramente civiles”, e intentó darnos “atol con el dedo”. Transcribo el artículo 6 de la Ley Orgánica de la PNC que textualmente dice: “La estructura y organización de la PNC es de naturaleza jerárquica, bajo la conducción del Presidente de la República, por intermedio del  titular del Ministerio al que se le asigne las funciones de seguridad pública, que en todo caso será diferente al de la Defensa Nacional”.

Fíjense bien, colegas jueces: la conducción primaria, la conducción de mayor jerarquía de la PNC no es del director general, sino del señor Presidente de la República y no vayan a salirnos con el sofisma que  por ser Mauricio Funes el  “Comandante General de la Fuerza Armada” él también es militar. Luego, la conducción policial es cien por ciento civil y corresponde al mandatario de la Nación. No hay vuelta de hoja. Y si alguien se “enganchó” a Samuel Lizama, le ruego vaya a Zaragoza y muéstrele este artículo. Ya es hora de auditar a los abogados y juzgadores que actúan como bribones de mala fe, cuyo único resultado  es poner en grave riesgo la seguridad jurídica del país que, con muchos esfuerzos, tratamos de cimentar en nuestro amado El Salvador… ¡ojalá llegue pronto la ansiada depuración judicial!