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Tregua entre pandillas

Jaime Martínez Ventura /Abogado y director de la ANSP
Miércoles 20, marzo 2013 | 10:16 pm

El pasado 9 de marzo se cumplió un año de la tregua entre las pandillas. Pese al incremento de los homicidios diarios en los días recientes, es irrefutable que el mayor resultado de este proceso, complementado con las acciones policiales y con otras medidas de la Política Nacional de Justicia, Convivencia y Seguridad Pública, es la reducción de asesinatos en los últimos 12 meses, puesto que de un promedio de 14 homicidios diarios se ha pasado a aproximadamente seis, es decir, una disminución de 57%, lo cual significa que se han salvado alrededor de 2,500 vidas y El Salvador ha dejado de ser el segundo país más violento de América Latina. No obstante, la tregua no está exenta de críticas.

Uno de los señalamientos que se le hace es la falta de transparencia. Se dice que las autoridades no han explicado cómo se fraguó dicho proceso, bajo qué condiciones o qué se negoció con los líderes de las pandillas.

Sin embargo, hasta ahora lo que se observa es que las autoridades lo único que han permitido es el ejercicio de ciertos derechos reconocidos por las leyes vigentes a los miembros de pandillas encarcelados, lo cual nada tiene de irregular. Lo irregular y violatorio sería la privación absoluta de tales derechos como la visita de familiares, visita íntima y el acceso a medios de información.

Otra crítica es la ausencia de un plan que contenga tanto la ruta a seguir, como el aseguramiento de los recursos necesarios para la sostenibilidad de la tregua. Una tercera censura, relacionada con la anterior, es que si no hay un plan, no existe garantía de continuidad y sostenimiento de este proceso. Una cuarta crítica es que si la reducción de los homicidios se debe principalmente a la tregua entre las pandillas, éstas tienen en sus manos el poder de decidir el rumbo de la política de seguridad del país, porque si deciden romper la tregua pueden reanudar los asesinatos y elevar las cifras de homicidios. De ese reproche se deriva otro más preocupante: si los líderes de las pandillas tienen el poder de detener pero también de reanudar los asesinatos, y además cuentan con una extensa base de apoyo, tienen en sus manos un enorme poder político de facto que podrían llegar a utilizar para plantear mayores exigencias al Gobierno, al Estado y a la sociedad. Así, surge la censura más preocupante: que la tregua tenga como efecto el fortalecimiento de las pandillas y la transformación o acentuación de éstas a estructuras del crimen organizado.

A mi parecer, la tregua no es perfecta pero es mejor que los enfoques y planes de mano dura y súper mano dura que prevalecieron por más de 20 años atrás. Ahora bien, para mejorarla aún más, se deben tomar las medidas necesarias para evitar que las pandillas se conviertan o avancen aún más hacia el crimen organizado.

Consecuentemente creo que las críticas que se le hacen debieran tomarse en cuenta no para detener dicho proceso, sino para mejorarlo, ampliarlo, fortalecerlo, complementarlo con otros planes, programas o proyectos y así convertirlo en una política de Estado, sin tener que negociar el perdón, indulto o amnistía de delito alguno y, ante todo, para que se vuelva sostenible e irreversible, mediante el más amplio consenso social y político.

Lo importante no es quién o quiénes comenzaron o propiciaron esta tregua, ni tampoco los móviles o intereses que tengan; lo importante es que se vuelva permanente y se convierta en un esfuerzo de toda la nación para que nadie sienta recelos por el éxito de esta medida. Todas y todos debemos aportar algo para mejorar este proceso, no para estorbarlo o para revertirlo. La reducción de homicidios vale mucho la pena que cuente con el máximo apoyo social y político posible.

 

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